En la mayoría de los países los jueces provienen de las capas sociales más elevadas, y, por tanto, hay un factor que favorece a esta clase social en la impartición de justicia y la solidez y consolidación de las políticas conservadoras.
Por eso, son necesarias medidas para democratizar el acceso a la carrera judicial, especialmente para aquellos de sectores sociales menos favorecidos, es decir las mayorías sociales.
Para el acceso a la carrera judicial serían necesarios dos factores claves: la preparación y la representatividad de los jueces como un poder más del estado democrático.
En cuanto a la preparación técnica, lógicamente sería recomendable no solo la exigencia para que ejerciten este poder personas con grado en Derecho, al menos para aquellas comunidades más complejas y numerosas, sino que además dispongan de una formación complementaria y específica sobre la impartición de justicia en la interpretación de las leyes.
En la mayoría de los países se resuelve a través de unas pruebas muy duras que exigen largos años de estudio, lo que supone que solo aquellas personas con una situación económica familiar solvente puedan plantearse esta opción profesional. Por eso, es necesario aplicar reformas en el Acceso a la Carrera Judicial con medidas como crear programas de becas específicas para estudiantes de Derecho provenientes de contextos de bajos ingresos, acompañados de prácticas en instituciones judiciales para preparar su ingreso a la carrera judicial, conjuntamente con escuelas de formación judicial inclusivas que tengan políticas de admisión que fomenten la diversidad social y étnica. Estas academias deben incluir temas como derechos humanos, justicia social y equidad en sus planes de estudios.
Precisamente el peso de estas materias debe acentuarse a través de la diversificación en los criterios de selección para que incluyan no solo exámenes técnicos, sino también evaluaciones de competencias éticas, empatía social y compromiso con la justicia social
En cuanto a la necesaria representatividad y democratización del acceso en algunos países se está considerando la posibilidad de la elección directa y democrática de los jueces, como un poder más del Estado, y que por tanto debe de ser democrático. Los ciudadanos deberían de elegir los jueces por un periodo de algunos años, para la impartición de justicia en su comunidad. Ya sean solo algunos jueces o la totalidad de la judicatura, podrían ser elegidos a través de votaciones democráticas.
La elección directa y democrática de los jueces ha sido objeto de debate en varios países, con defensores que argumentan que esta medida puede hacer al sistema judicial más transparente, responsable y alineado con los valores de la comunidad a la que sirve.
Al elegir a los jueces democráticamente, estos tienen que responder directamente a la ciudadanía que los elige. Esto significa que deben actuar con transparencia, ética y responsabilidad, ya que pueden ser destituidos en las siguientes elecciones si la comunidad percibe que no están actuando de manera imparcial o injusta.
Los jueces designados por otros poderes del Estado a menudo están sujetos a intereses políticos y económicos, ya que su nombramiento puede depender de vínculos políticos o de favores previos. En cambio, la elección directa desvincula en mayor medida a los jueces de estas influencias, ya que el poder que los legitima proviene del electorado general y no de una entidad o grupo específico. En una democracia, los poderes del Estado deben derivar su autoridad del pueblo. Así como el legislativo y el ejecutivo suelen ser elegidos democráticamente, permitir que el poder judicial también se elija fortalece la legitimidad de este poder y ayuda a que el sistema judicial sea percibido como realmente independiente y al servicio de todos los ciudadanos.
Además, la elección democrática de jueces permite que los candidatos tengan un conocimiento profundo de las realidades locales, ya que deben comprender los valores y prioridades de la comunidad a la que representarán. Esto puede resultar en una justicia más contextualizada y relevante para las necesidades específicas de la población.
En muchos sistemas judiciales, los procesos de selección de jueces son opacos, lo que dificulta la rendición de cuentas. Con elecciones abiertas, el proceso de selección se vuelve público, lo cual incentiva que los jueces tengan trayectorias transparentes y un historial ético, ya que los votantes tendrán acceso a su experiencia, antecedentes y propuestas de actuación.
La corrupción en el nombramiento de jueces es una preocupación en muchos países, especialmente cuando estos nombramientos están sujetos a decisiones políticas. Un sistema de elección directa puede reducir la corrupción, ya que los jueces no dependen (tanto) de favores ni alianzas políticas, sino de la aceptación y confianza de la ciudadanía.
La elección de jueces permite que los ciudadanos elijan a personas que entiendan y compartan sus preocupaciones sociales y culturales. Cuando los jueces son elegidos directamente por la ciudadanía, tienen el incentivo de mantenerse actualizados y progresar en su conocimiento de temas sociales emergentes, tendencias jurídicas y problemas locales. Al depender del voto popular, es probable que busquen constantemente mejorar su desempeño para ser reelegidos. Esto podría dar lugar a jueces que apliquen la ley con mayor sensibilidad hacia temas como los derechos humanos, la equidad de género, la protección de los derechos de las minorías y otros valores sociales.
Con jueces elegidos democráticamente, es más probable que las decisiones judiciales reflejen los valores y principios de la comunidad, que los juicios estén más alineados con las expectativas de justicia de la comunidad lo que aumenta la legitimidad de las decisiones judiciales y genera confianza en el sistema.
Además de esas ventajas no podemos ignorar los avances en la participación activa en la administración de justicia por parte de la ciudadanía y más en concreto fomentando una cultura de vigilancia y de participación cívica. Al ser responsables de la elección de los jueces, los ciudadanos sienten que pueden contribuir activamente al funcionamiento de la justicia y su percepción de poder influir en las decisiones judiciales mejora.
Con elecciones judiciales, los ciudadanos se ven motivados a informarse sobre el sistema judicial, sus derechos y sus responsabilidades. Esto contribuye a la educación cívica y jurídica de la población y fomenta una sociedad más consciente y comprometida con la justicia y el estado de derecho.
A pesar de estos beneficios, es fundamental que la elección democrática de jueces esté acompañada de ciertas salvaguardas para evitar que el proceso se convierta en una competencia de sectores poderosos que manejan gracias a su dinero el sistema judicial. Entre estas salvaguardas, se pueden considerar las siguientes:
1.- Establecer los requisitos de capacidad profesional y académica de la que antes hicimos mención: Solo podrían presentarse a la elección aquellos que cumplan los requisitos estrictos de idoneidad y ética, garantizando que los candidatos a jueces tengan la experiencia y cualidades necesarias para ejercer sus funciones con imparcialidad y profesionalismo.
2.- Limitar o eliminar la influencia del dinero en las campañas de elección: Para evitar que el proceso electoral judicial sea dominado por grupos de poder o que dependa de campañas costosas, se pueden implementar límites (o eliminación) a los gastos de campaña y garantías para que la financiación electoral sea mínima o ninguna y en todo caso la misma para todos los contendientes.
3.- Los propios sistemas de recursos y garantías actualmente establecidos, servirán para salvaguardar más criterios de objetividad y ecuanimidad
La elección democrática de jueces puede mejorar la legitimidad del poder judicial, aumentar la transparencia y permitir que las decisiones de justicia reflejen mejor las expectativas y necesidades de la ciudadanía. Una sociedad más democrática necesita un sistema judicial más democrático y representativo e independiente de los poderes legislativo y ejecutivo en el espacio público y de los poderes económicos y mediáticos en el espacio privado
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