El Estado tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo remunerado (con condiciones laborales dignas) a cualquier persona que no haya podido encontrar empleo en el sector privado o en el sector público tradicional, y que esté preparada, capacitada y dispuesta a trabajar, sin importar su experiencia profesional, cualificación, sexo o renta. Esta es una justa definición de lo que queremos explicar sobre el “Trabajo garantizado”.
Por tanto se trata de convertir todo o gran parte del gasto social (siempre hay que contemplar que una parte de la población con derecho a las prestaciones sociales sean IMV u otras no quieran trabajar por diversas razones) generado en pagar estas rentas en salarios. Es evidente que el salario siempre debe de ser más remunerador que la prestación, por lo que supondría un gasto público mayor. Pero sin duda la voluntad política, una fiscalidad progresiva, una austeridad en gastos menos necesarios (militares, compra pública a empresas con grandes ingresos, pago de los servicios a la deuda, etc) y sobre todo una actividades económicas más digitales y verdes supondrán una mayor generación de ingresos públicos que podrán asumir ese gasto.
Además por razones de incentivos personales, el trabajo debe ser más remunerado que las prestaciones económicas de carácter social. Poca gente querría ir a trabajar si ya tiene garantizada la misma cantidad por permanecer en su casa. Pero aún con esa diferencia económica también habría un porcentaje significativo o no que preferiría renunciar al empleo público que se le ofrece. Los motivos pueden ser más variados que la pesimista visión de la vagancia (la cual también la deberíamos de incluir en el catálogo de motivos) y que podrían ir desde la inadecuada oferta de empleo por horarios o ubicación geográfica a los intereses del trabajador, por los cuidados a familiares dependientes o enfermos, por querer disponer de periódicos sabáticos para descansar o estudiar, etc.
El Trabajo garantizado parte de la premisa de que si bien es cierto que en nuestras sociedades hay muchísimas personas que no están ocupando ningún puesto de trabajo, también es cierto que hay mucho trabajo por hacer en nuestras comunidades y mucho trabajo que ya se realiza pero que no es remunerado. Que no haya empleo no quiere decir que no haya trabajo. Es profundamente absurdo y contraproducente en términos económicos y sociales que mantengamos inactivas a personas que pueden y desean trabajar mientras las necesidades de nuestros conciudadanos y de nuestro medio ambiente no estén cubiertas. Y no están cubiertas porque al sector privado no le es rentable, y/o porque el Estado no ha decidido realizarlas por falta de voluntad política o por cualquier otro motivo.
Por tanto, aplicar la medida del “Trabajo garantizado” tiene dos vertientes: la prestación de unos ingresos económicos (su salario) a las personas desempleadas que están en situación de pobreza y que prefieren trabajar en vez de recibir una prestación económica (Renta básica, IMV, prestación por desempleo, etc) y la atención de unas necesidades sociales que no están satisfechas.
Profundicemos algo en este último concepto: Sólo hay que imaginar las grandes ventajas sociales que alcanzaríamos si se pusieran a trabajar miles de ciudadanos en desempleo en labores que redundará en beneficio económico, social, ecológico y cultural de nuestras sociedades. Entre los trabajos que se realizarían con la medida del empleo garantizado podríamos encontrar los siguientes:
Servicios sociales: cuidado de adultos dependientes; cuidado de niños; cuidado de enfermos; apoyo académico a estudiantes; seguridad pública; cobijo a personas sin hogar; provisión de alimentos a personas necesitadas; formación profesional; gestión y administración de los planes de empleo, entre otros.
Cuidado del medio ambiente: protección y reforestación de los bosques; proyectos ecológicos de siembra y riego; retirada de residuos; servicios de reutilización; servicios de reparación; servicios de reciclaje; limpieza de plásticos y otros desechos, en espacios naturales, cuidado de los espacios verdes y cuidado de las playas.
Servicios culturales, deportivos y recreativos: promoción del patrimonio (información y excursiones para visitantes); mantenimiento y renovación de los complejos deportivos; representaciones artísticas (teatro, música, etc.) y competiciones deportivas.
Construcción, habilitación y mantenimiento de infraestructuras: limpieza de edificios y espacios públicos, parques, plazas y zonas históricas; habilitación de edificios para lograr mayor eficiencia energética; mantenimiento de la infraestructura; pequeños proyectos de construcción de infraestructura pública; mantenimiento de áreas de patrimonio cultural.
Desde el punto de vista de las ventajas de la medida con respectos su función para acabar o paliar la pobreza, podemos mencionar:
1.- La salida de la pobreza o al menos la reducción de la misma de las personas acogidas a la medida. Se trata de garantizar de forma efectiva los derechos que recogen la mayoría de las constituciones de los países: tener un techo donde vivir, poder alimentarnos, ropa, movilidad, etc.
2.- El incremento de la cohesión social que lleva implícita la medida podrían suponer efectos secundarios positivos, en forma de grandes progresos sociales como menor criminalidad, violencia, abuso de drogas; mejoras en la salud física y mental de los individuos; etc.
3.- Conseguir una sociedad de pleno empleo casi pleno empleo.
4.- L@s trabajador@s reciben un ingreso pero también un desarrollo personal que en muchos casos supone el empleo.
5.- Algunas estimaciones apuntan a que cualquier programa de trabajo garantizado tiene un coste económico inferior al coste que supone lidiar con los problemas derivados del desempleo a través de prestaciones sociales como ayudas a familias sin recursos, apoyo psicológico, servicios policiales, servicios penitenciarios, etc.
6.- Como consecuencia de la aplicación del trabajo garantizado buena parte de la economía sumergida afloraría, puesto que muchas actividades ocultas y que no se benefician de los derechos laborales vigentes serían abandonadas al existir una alternativa de empleo garante de derechos y estable. Ello aumentaría la recaudación tributaria del Estado, tanto por la vía de reducción de la economía sumergida como por el incremento en el número de trabajadores y del consumo derivado del mismo. Al mismo tiempo aumentaría el fondo de la Seguridad Social.
7.- En el futuro, cuando la robotización y automatización vaya sustituyendo a los trabajadores humanos, el Trabajo Garantizado puede asegurar un destino a esa masa de trabajador@s que quedarían en desempleo.
Esta medida fue propuesta por el economista estadounidense Himan Minsky en los años 80 no ha sido llevada a la práctica por ningún país sin embargo sí que hay políticas públicas para la contratación temporal de personas desempleadas por parte de entidades públicas y entidades sin ánimo de lucro que varían en cantidades invertidas y personal contratado según cada país.
