En un mundo que aún arrastra las heridas de conflictos pasados y presencia con espanto los actuales, se hace urgente alzar la voz ante una verdad incómoda: la guerra no surge sola. La guerra se promueve, se prepara, se financia y se justifica desde esferas bien definidas del poder económico, político y mediático. Y quienes participan activamente en ese proceso no pueden seguir amparándose en la impunidad. Deben rendir cuentas ante la justicia.
La maquinaria bélica no se alimenta solo de pólvora, sino de relatos construidos con cálculo. Empresarios que, desde consejos de administración, invierten en la industria armamentística y promueven artificialmente un estado de alarma social para abrir mercados al miedo. Medios de comunicación que alimentan un discurso belicista disfrazado de patriotismo o de defensa de valores abstractos. Y políticos que redactan leyes que comprometen los recursos públicos para financiar arsenales en lugar de atender necesidades sociales urgentes. Todos ellos forman parte de una cadena de responsabilidad que acaba, ineludiblemente, en la muerte, la destrucción y el desplazamiento forzoso de millones de personas.
La complicidad estructural en la promoción de la guerra no debe seguir considerándose un problema ético o político, sino un delito jurídico con responsables identificables. No se trata de limitar la libertad de expresión, sino de responsabilizar a quienes, con pleno conocimiento, impulsan dinámicas orientadas a generar y sostener conflictos armados.
El papel del empresariado: beneficios manchados de sangre
Los dueños y altos ejecutivos de empresas que, directa o indirectamente, se lucran con la producción de armamento o la desestabilización política de regiones enteras, deben ser investigados. Aquellos que promueven campañas de presión para aumentar el gasto militar y que manipulan indicadores económicos o sociales con el fin de sembrar miedo, no actúan como actores económicos neutrales: son engranajes conscientes del conflicto. Y como tales, deben responder por ello.
Medios de comunicación: cuando informar se convierte en incitar
El periodismo tiene un poder inmenso: el de conformar la realidad percibida. Algunos comunicadores, con décadas de experiencia y profundo conocimiento de las consecuencias de la guerra, eligen sistemáticamente alentar el enfrentamiento, amplificar los discursos del odio y silenciar las voces que abogan por la paz. Esos profesionales deben responder ante la justicia por ser cómplices activos de campañas de legitimación de la violencia.
No basta con decir que “informan”. Si lo que hacen es construir narrativas para facilitar guerras, están violando principios fundamentales del derecho internacional y del periodismo responsable.
La responsabilidad política: legislar para la guerra
Los políticos que impulsan leyes para aumentar el gasto en armamento, que aprueban intervenciones militares injustificadas o que facilitan la venta de armas a regímenes represivos, están institucionalizando la guerra. La defensa de la seguridad nacional no puede ser usada como excusa permanente para alimentar un sistema que sacrifica vidas por intereses geoestratégicos o económicos.
Aprobar un presupuesto militar desmesurado en un contexto de pobreza, precariedad y emergencia climática no es una decisión política legítima: es una traición a los pueblos. Y esa traición debe tener consecuencias judiciales.
Hacia una justicia global contra los promotores de la guerra
Si el derecho internacional reconoce crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, ha llegado el momento de avanzar hacia una tipificación clara de los delitos de promoción sistemática de la guerra. No solo debe juzgarse al que aprieta el gatillo, sino también al que diseña la bala, al que construye el relato para justificarla, y al que la financia.
La historia ha demostrado que la paz no es una casualidad: es una conquista colectiva. Pero para conquistarla de forma duradera, necesitamos justicia. Justicia que alcance a los trajes, las corbatas y los micrófonos, no solo a los uniformes. Y esa justicia debe empezar ahora.
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